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Tras años de trabajo voluntario en el norte de la India, Kamlesh recopiló las firmas necesarias para aspirar a un puesto en el consejo del ayuntamiento de su pueblo, con la determinación de luchar por mejores salarios y condiciones laborales.

Kamlesh fue rechazada porque no tiene lavabo en su casa.

Kamlesh, quien gana cerca de 80 dólares al mes realizando trabajos ocasionales, vive en Haryana, el cuarto estado que, en los últimos dos años, decreta una ley donde los candidatos a aspirar a un cargo público de elección popular deben: tener sus facturas eléctricas al día, un nivel mínimo de educación, carecer de antecedentes penales y tener un lavabo en su casa.

“Apenas tengo dinero para alimentar a mis hijos. Desde luego que no puedo permitirme gastar dinero en un lavabo”, afirma Kamlesh, de 32 años y madre de dos hijos, cuyo nombre carece de apellido. “No necesito un lavabo para entender los problemas de mi comunidad”, finaliza.

El requerimiento de poseer un lavabo en casa, en un país donde la mitad de la gente hace sus necesidades fisiológicas al aire libre, ha cuestionado nuevamente el elitismo de la política India. Si los 29 estados de la nación adoptaran leyes similares, más de 600 millones de personas quedarían inhabilitadas para aspirar cargos de elección popular, casi el equivalente a la población total de Europa.

Tres de los cuatro estados que han decretado esta ley son gobernados por el partido Bharatiya Janata, del primer ministro de India Narendra Modi, quien ha lanzado varias campañas para cesar la defecación al aire libre.

El debate revive el conflicto que ha traído este tipo de medidas que buscan mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, pero que a su vez tienden a reducir sus posibilidades de representación política.

Meses atrás Modi lanzó la campaña “India Limpia”, la cual pretende crear más de 50 millones de lavabos públicos para el año 2019, cuando se celebrarán los 150 años del nacimiento de Mahatma Gandhi. La iniciativa busca reducir la contaminación de las fuentes de agua, que crea serias epidemias de diarrea y cólera, cuyos costos al país oscilan los 54 billones de dólares al año.

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